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Por Eduardo A.
Hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse en voz alta: ¿por qué México, el sexto país en recepción de turistas, apenas está discutiendo (que no aprobando, al menos aún) en el Congreso el derecho al turismo accesible en 2026 y todavía sin una Norma Oficial Mexicana que lo regule?
A finales de julio de 2026, la Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado, presidida por el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, aprobó un dictamen para incorporar en la Ley General de Turismo criterios de accesibilidad universal en la planeación, desarrollo y operación de los entornos turísticos. El objetivo declarado: que estos espacios puedan usarse de forma autónoma, segura, digna y con enfoque de inclusión social.
El dictamen plantea que la Secretaría de Turismo, en coordinación con entidades federativas, municipios y la Ciudad de México, promueva la accesibilidad física, comunicacional y digital en servicios, infraestructura e información turística. Y aquí está el dato que debería detenernos: la reforma ‘sugiere’ a SECTUR ‘establecer’ las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes para uniformar los criterios de la cadena de accesibilidad.
Es decir: en 2026, México sigue sin tener una NOM de turismo accesible. Lo que existe hoy, la NMX-R-050-SCFI-2006, es una norma técnica ‘voluntaria’ (ni siquiera relacionada en sí al turismo), no una Norma Oficial Mexicana de cumplimiento obligatorio. Casi veinte años después de esa norma técnica, seguimos discutiendo si debe existir el marco regulatorio, no cómo mejorarlo.
Durante la discusión legislativa, el senador Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo, fue claro sobre el vacío actual: no existen obligaciones específicas ni mecanismos claros que garanticen accesibilidad universal en hoteles, restaurantes, centros recreativos y otros servicios turísticos. Los legisladores citaron una cifra que pone todo en perspectiva: en México hay alrededor de 20.8 millones de personas con discapacidad, equivalentes a cerca del 16.5% de la población nacional. Casi uno de cada seis mexicanos.
Otros países, “los países de ayer”.
Vale la pena poner este 2026 en perspectiva, junto otros países que hace algunos ayeres empezaron a tomar estos temas en serio.
Miremos a Australia: el país oceanico aprobó su Disability Discrimination Act en 1992. No era una ley turística, era una ley general de no discriminación que, entre otras cosas, obligó a que el turismo fuera accesible. Para 1998, hace ya 28 años, el país había incorporado un módulo de discapacidad en su Encuesta Nacional de Visitantes, es decir, empezó a medir la demanda real de turismo accesible casi tres décadas antes de que México discuta si debe medirla.
Luego tenemos a España, en donde la accesibilidad llegó por otra vía: el Informe Baker de 1989 introdujo el concepto de ‘Turismo para Todos” como problema de infraestructura, no de la persona con discapacidad. Para 2003, hace 23 años, ya tenía la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, con mecanismos de cumplimiento a nivel nacional.
México, mientras tanto, tiene su primer antecedente legal de fondo en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011 y, en materia turística, lo vemos en el Sello de Turismo Incluyente instaurado en 2016 que, como ya se abordó en otra entrada de blog en este sitio web, opera sin bases sólidas ni certificación obligatoria. Y es en junio de 2026 en donde seguimos en la fase de sugerir que se cree una NOM.
No es solo un tecnicismo legislativo.
La diferencia entre una norma técnica voluntaria (como la NMX-R-050) y una Norma Oficial Mexicana no está sólo en el nombre: una NOM es de cumplimiento obligatorio y trae consigo mecanismos de verificación, sanción y exigibilidad. Sin ella, todo lo que hoy existe en México en materia de accesibilidad turística, el Sello de Turismo Incluyente incluido, depende de la buena voluntad del prestador de servicios, no de una obligación legal exigible.
El propio dictamen sobre esta reforma lo reconoce implícitamente al plantear que la accesibilidad “comprende la accesibilidad física y digital en la llegada, movilidad, uso de instalaciones, así como en la información previa y en destino, mediante procesos accesibles y protocolos inclusivos, a fin de evitar puntos de ruptura que limiten o impidan la experiencia turística”. Es una buena definición técnica. El problema es que llega casi un cuarto de siglo después de que otros países ya la hubiesen convertido en política de Estado con presupuesto, medición y consecuencias legales.
La otra parte de la propuesta legislativa: guías de turistas.
En la misma sesión, la Comisión de Turismo aprobó un segundo dictamen para reconocer nuevamente a los guías de turistas como prestadores de servicios turísticos, con miras a su registro y capacitación obligatoria. La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón señaló, con razón, que los guías son el primer contacto del visitante con la cultura y gastronomía del país, por lo que deben estar regulados y capacitados. Es un avance necesario, pero también revela el mismo patrón: profesionalización que llega tarde, en paralelo a una discusión de accesibilidad que también llega tarde, en donde además no se abordó capacitación para la atención a turistas con discapacidad, ni como sugerencia ni mucho menos como obligación.
Lo que no se contempló.
Ninguno de los dictámenes aprobados resuelve el vacío estadístico que tenemos en el país: México sigue (y seguirá) sin un instrumento equivalente a la National Visitor Survey australiano, sin cifra oficial de cuántas personas con discapacidad viajan dentro del país ni en qué condiciones lo hacen. Cuando preguntas al gobierno acerca de esto, siempre te remiten a buscar que puedes rascar entre las muchas encuestas de INEGI, pero en ninguna se contempla algo como en el caso australiano. Se puede legislar la obligación de ser accesible, sí, pero sin medición no hay manera de saber si la reforma realmente está cambiando algo en la experiencia de millones de turistas mexicanos y extranjeros con discapacidad.
La reforma recién avalada es un paso necesario y, para ser justos, más ambicioso que cualquier intento previo en la materia, pero conviene no perder la perspectiva: no estamos ante un país que innova en turismo accesible. Estamos ante un país que recibe millones de turistas al año y que veinte años después de que sus pares internacionales lo hicieran, apenas está poniendo el primer ladrillo del marco legal que España y Australia construyeron cuando el turismo accesible todavía era una idea nueva en el resto del mundo. La tarea pendiente será no esperar otros veinte años para llenar ese vacío con datos, vinculación legal real y destinos que respondan a esa obligación en la práctica, no solo en el papel, no sólo utilizando la palabra “accesible” como un gancho publicitario.
Eduardo A.
Politólogo con más de 6 años de experiencia en análisis de políticas públicas, además de experiencia en turismo, innovación y accesibilidad. Desde 2026 colabora como consultor en accesibilidad en el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad (IMETAC).
