El Turismo que Queremos Construir: De la Asistencia a la Estrategia Competitiva

La accesibilidad es ya una realidad ineludible en el ecosistema turístico contemporáneo. La verdadera línea divisoria en la industria la marcarán aquellos que dejen de verla como un obstáculo y aprendan a transformarla en una ventaja competitiva irrefutable. Pero, ¿está el sector turístico en México verdaderamente preparado para dar este salto cualitativo?

A lo largo de casi cuatro años liderando el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad (IMETAC), y tras sostener innumerables mesas de diálogo con destinos, empresas e instituciones, observo un patrón recurrente. En nuestro país, solemos enfrascarnos en debatir la accesibilidad desde la obligación normativa o, peor aún, desde el asistencialismo paternalista. Es comprensible, pues son los lentes con los que históricamente se ha mirado la inclusión en México. Sin embargo, hay una dimensión vital de la que rara vez hablamos: su enorme poder para forjar mejores destinos y empresas turísticas de excelencia.

En el IMETAC hemos comprobado empírica y metodológicamente que integrar la accesibilidad desde la médula de la planeación estratégica trasciende el mero cumplimiento legal. Mejorar la autonomía de los visitantes amplía el mercado potencial, inyecta calidad a los servicios y dota de resiliencia a los destinos frente a una demanda global cada vez más diversa. No estamos hablando de diseñar un turismo de nicho para unos cuantos; estamos hablando de elevar la calidad del turismo para todas las personas.

Como ejemplos de esta visión, podemos referir el caso de Villa Bugambilia en Tequisquiapan Querétaro, un alojamiento desarrollado desde la perspectiva de accesibilidad que integra rutas y paquetes para viajeros con discapacidad, maximizando la accesibilidad como factor de diferenciación; o bien, nuestra propia exposición itinerante “Los muros que derribamos”, premiada a nivel nacional en el certamen Diseña México por su ADN accesible e inclusivo.

Hace unas semanas, durante una presentación de las autoridades federales sobre el Sello de Turismo Incluyente, pude constatar que existe un interés genuino y creciente entre los prestadores de servicios por abrir sus puertas al mercado de personas con discapacidad. Lamentablemente, este entusiasmo choca de frente con un muro institucional. Las fallas estructurales, el profundo desconocimiento técnico y la deficiente ejecución por parte de las autoridades mexicanas desincentivan la inversión privada y frenan la construcción de una sociedad más justa.

Para entender la magnitud de esta barrera, en el IMETAC realizamos un análisis profundo al Manual del Consultor del citado Sello de la Secretaría de Turismo (SECTUR) que rige este Distintivo. Los hallazgos demuestran por qué la política pública actual es insuficiente y obsoleta.

El instrumento de la SECTUR nace con un error de origen: se cimienta sobre el obsoleto modelo médico de la discapacidad, refiriéndose a “limitaciones” y promoviendo una “atención especial” que infantiliza al viajero. Esto contradice frontalmente el modelo social y de derechos humanos establecido por la ONU, donde la barrera está en el entorno y no en la persona.

Ejemplo de ello son frases contenidas en el manual como:

• “sus limitaciones físicas y/o sensoriales”, que atribuye la barrera a la persona y no al entorno o sistema.
• “Usualmente los turistas con discapacidad son acompañados”, que refuerza la dependencia, limitando el objetivo de garantizar autonomía.

Por si fuera poco, el manual usa indistintamente diferentes términos para referirse a personas con discapacidad o con movilidad reducida, además de lenguaje que hoy es considerado discriminatorio. Aunque la terminología establecida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es “persona con discapacidad”, el texto de la SECTUR utiliza expresiones como “turista confinado a silla de ruedas”, cosificando a la persona con el dispositivo.

La infografía principal del Sello usa el término “integración” cuando el marco jurídico y conceptual correcto es “inclusión”. La distinción es fundamental: “integración” se refiere a adaptar a la persona al entorno existente (enfoque rehabilitador), mientras que la inclusión significa transformar el entorno para que sea accesible por defecto para todas las personas (enfoque de derechos).

Esta falacia se evidencia al entender que la “inclusión” es un concepto paraguas que, en el derecho internacional, abarca la eliminación de barreras para cualquier grupo marginado: comunidad LGBT+, personas migrantes, adultos mayores, o comunidades indígenas. Un establecimiento puede obtener el Sello y ostentarse como “incluyente” aunque discrimine a una pareja del mismo sexo o carezca de señalética en lenguas originarias, ya que el sello no evalúa estas situaciones. Esta mala práctica técnica y conceptual replica una percepción incorrecta del turismo accesible.

Adicionalmente, al denominarse “Sello de Turismo Incluyente”, el instrumento genera una expectativa engañosa. En la práctica, solo evalúa criterios arquitectónicos y de servicio para discapacidad motriz, coloca la discapacidad visual y auditiva como condiciones de segundo orden e ignora por completo a personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o a otros grupos históricamente vulnerados.

El Sello sigue utilizando el Símbolo Internacional de Accesibilidad de 1968 (la silla de ruedas estática), invisibilizando la diversidad de la discapacidad y reforzando estereotipos. Esta mala práctica invalida el símbolo adoptado por la ONU en 2015: una persona con extremidades extendidas dentro de un círculo, representando la accesibilidad en el espacio, la comunicación, los servicios y los objetos (la cadena de valor turística).

El marco legal que sustenta al Sello está gravemente desactualizado. En la siguiente lista, comparto de forma breve algunas de las innumerables omisiones jurídicas localizadas en el manual.

• Omite de forma flagrante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD).
• Fue diseñado unilateralmente, sin consultar a organizaciones de personas con discapacidad, violando su derecho legal a participar en las políticas públicas que les afectan.
• Aplica deliberadamente normas del sector salud (NOM-030-SSA3-2013) a hoteles, restaurantes y museos, omitiendo estándares internacionales turísticos como los referidos en las normas ISO 21542:2021 y 21902:2021, además de normas mexicanas como la NMX-R-050-SCFI-2006.
• Las medidas arquitectónicas propuestas por el Sello para rampas y baños carecen de dimensiones específicas, permitiendo un alto grado de subjetividad.
• Indicadores vitales como el acceso para perros guía, señalética en Braille y atención en Lengua de Señas Mexicana son calificados meramente como “complementarios”, a pesar de ser una condición obligatoria de la propia LGIPD.

Esta mala práctica reduce los derechos fundamentales a simples sugerencias, demostrando que los criterios de un hospital no son equivalentes a los flujos y funcionalidad del sector turístico.

Finalmente, el proceso de obtención carece de rigor:

• El consultor que evalúa es contratado y pagado directamente por la empresa evaluada, generando un conflicto de interés.
• La evaluación cruzada ocurre entre consultores del mismo directorio de SECTUR, por lo que no es una auditoría de tercera parte independiente.
• No se incluye la participación de personas con discapacidad en el diseño, verificación o actualización del sello.
• No existe un mecanismo formal para que los turistas presenten quejas.
• Un establecimiento puede aprobar compensando fallas graves (como la falta de rampa) con puntos de indicadores opcionales.
• No hay consecuencias si un establecimiento deteriora su accesibilidad tras obtener el sello.

Frente a una población global que envejece, los más de 1,300 millones de personas con discapacidad en el mundo, familias diversas y viajeros que exigen niveles superiores de confort, la accesibilidad deja de ser un accesorio para convertirse en el núcleo de la calidad. Un entorno con accesibilidad en su ADN es un espacio donde nadie se queda fuera.

En ese sentido, los destinos que logren descifrar esta realidad estarán blindados para el futuro y dominarán la competitividad del mercado. Sin embargo, para que México asuma ese liderazgo, es imperativo dejar de legitimar herramientas obsoletas. El Sello de Turismo Incluyente debe someterse a una revisión integral que actualice su marco normativo, incorpore métricas técnicas verificables, reforme el proceso de certificación y garantice la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad.

En conclusión, el sector turístico en México, tiene que comprender que la accesibilidad es, sin duda, un derecho inalienable y una responsabilidad compartida, pero también representa la ventana de oportunidad más grande para innovar y generar valor en nuestra industria. Porque, a fin de cuentas, la accesibilidad no solo define cómo y a quién recibimos. Define con absoluta claridad el turismo que queremos construir.