Inaccesibilidad en campañas políticas y la negación del derecho al voto informado de las personas con discapacidad.

Por Susana Gómez Hernández, de CoPeSoR

A poco tiempo de que se lleven a cabo las elecciones, calles, televisión, radio y redes sociales se inundan de lonas, carteles, imágenes, videos y audios con los que los y las candidatas apuestan por convencer a la ciudadanía para que les den su voto. La mayoría de las veces, la propaganda política poco o casi nada muestra lo que podemos esperar de esa persona de llegar a ocupar el cargo por el que compite, caras sonrientes, slogans, canciones, bailes y promesas es lo que hemos visto circular en estos días.

Quienes ya han ocupado un cargo de elección popular, en ocasiones, presentan una campaña más sustanciosa, muestran sus logros y sus acciones, lo que le permite a la ciudadanía tener más certeza sobre su desempeño. Aparentemente, las campañas políticas están dirigidas hacia toda la población, entre sus discursos y propuestas de campaña es casi seguro que no falten las promesas hacia grupos vulnerables, a veces mayormente guiadas por un compromiso moral plagado de buenas intenciones y no por una conciencia real ni comprensión de las trayectorias de exclusión por los que atraviesan ciertos colectivos y consecuentemente sin propuestas serias que tiendan a erradicarla.

Las personas con discapacidad son parte de los grupos que históricamente han sido discriminados y en los procesos de elección popular y campañas electorales no han sido la excepción. Basta recordar que, todavía en las elecciones de 2012, el Código Federal de Procedimientos Electorales negaba el acceso a las casillas a personas con discapacidad intelectual y psicosocial en su artículo 266 – 5:

 “En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas”.

Resulta por demás lamentable que ya entrada en vigor la Convención de las Personas con Discapacidad (CDPD) se asociara a personas con discapacidad con el estereotipo de peligrosidad.  Que esta situación cambiara, fue solo con la denuncia en redes y exigencia por parte de personas con discapacidad y de sus familias, particularmente en este caso destaca el de José Alberto^[1], un joven con parálisis cerebral.

Si bien la negación del derecho al voto para otros grupos pertenecientes al de personas con discapacidad no se negaba explícitamente, en la práctica, los prejuicios, procedimientos y la falta de mecanismos que faciliten el acceso a las casillas, a los materiales o a la información son obstáculos que impiden que las personas con discapacidad emitan su voto en igualdad que el resto de la población.

Esta situación ha ido cambiando de forma paulatina y muy lentamente, por la puesta en marcha de lo que establece la CDPD, porque cada vez hay más personas con discapacidad que se han convertido en agentes de lucha y de cambio y también hay que admitirlo, por la disposición y compromiso de funcionarias públicas para incorporar medidas de accesibilidad.

Los últimos años hemos visto que los órganos electorales tanto federal como local han diseñado materiales para que las personas ejerzan su derecho al voto y han incorporado medidas de acceso a la información en sus spots publicitarios y en los debates. Sin embargo, continuamos con deficiencias, este año por ejemplo, se incentivó a personas con discapacidad a ser funcionarias de casilla, al respecto, una mujer ciega comento en X que no tenían material para ella, le entregaron formatos para que fuera su acompañante quien los llenara.

También destaco que incluso cuando están contempladas todas las medidas de accesibilidad, éstas no cumplen su función si no se consideran que cumplan con la calidad requerida. En esta ocasión el INE por primera vez incorporo un intérprete para cada persona candidata, una práctica que ya en otros países se ha realizado, sin embargo, la interpretación que se hizo fue deficiente en algunos momentos del debate^[2], esto debería preocuparles a las candidatas, porque su mensaje no se recibe de manera fidedigna y se violenta el derecho de acceso a la información y a la participación informada.

Es importante mencionar que aún con estos avances para los partidos políticos, la incorporación de medidas de accesibilidad que permitan que las personas con discapacidad conozcan sus propuestas y promesas de campaña, sigue siendo tema sin importancia.  Esta ausencia revela el desconocimiento de quienes quieren gobernar o legislar sobre lo que significa el modelo social, así como de las obligaciones que les correspondería cumplir como entidades que reciben financiamiento público.

En materia de igualdad de género, por ejemplo, los partidos políticos deben destinar anualmente para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres el 3% del financiamiento público ordinario (Ley General de Partidos Políticos,  artículo 51, numeral 1, inciso a, fracción V), y aunque entre las actividades que pueden reportar (art. 74), se encuentra la educación y capacitación que promueva el respeto a los derechos humanos, en ninguna parte se hace mención  a la capacitación que sus integrantes y sobre todo quienes desean ocupar cargos de elección popular deben tener sobre los derechos de las personas con discapacidad o sobre las medidas de accesibilidad que deben incorporar en campañas políticas para que sean libres de discriminación^[3].

Redes sociales e inaccesibilidad electoral

Las redes sociales en general han sido beneficiosas para las personas con discapacidad, en el caso de personas sordas señantes, les ha permitido comunicarse, difundir su lengua y su cultura, acceder a información y conocimientos de diferentes latitudes, ha servido también como medio de expresión y lucha, para ellas y otros colectivos. Las redes y las tecnologías digitales han contribuido para la participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, gracias a aplicaciones que se han desarrollado y a herramientas que se han incorporado para hacer accesibles los contenidos.

El lenguaje claro, el texto alternativo en las imágenes, subtitulaje, audiodescripción y la incorporación de interpretación en lengua de señas en videos, son algunas de las medidas que se esperaría de una campaña en redes sociales para que no sea discriminatoria a personas con discapacidad. Sin embargo, en estas elecciones siguen estando ausentes, las publicaciones en redes sociales siguen siendo excluyentes.

Adicionalmente es necesaria una revisión sobre su discurso utilizado y si refleja el conocimiento del lenguaje incluyente y modelo social. En un video difundido por la candidata de la Coalición va por México, Xóchitl Gálvez, en el que se entrevista con una mujer ciega^[4] sobre el problema del agua en Ecatepec, la candidata le menciona que ella tiene un “problema de la vista”, sin interesarse más sobre como las desigualades en los entornos urbanos afectan de forma desproporcionada a las mujeres con discapacidad. Manuel Velasco, coordinador de alianzas de Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes mensajes que reproducen el modelo médico asistencialista y lo que se conoce como porno inspiracional^[5].

“Las personas con discapacidad son guerreras y guerreros que realizan un esfuerzo admirable e inspirador que todos los mexicanos debemos valorar y apoyar para seguir construyendo un México más incluyente y equitativo con ellas y ellos”^[6]

Mención aparte merece la actuación del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien en un intento de promoverse como incluyente con la comunidad sorda, utilizó el término discriminatorio lenguaje de señas y uso señas erróneas para dar un mensaje durante el primer debate. Este gesto pareció un símbolo de inclusión, sobre todo a personas ajenas a la comunidad que desconocen lo que ha significado la exclusión y la larga lucha de la comunidad para que la lengua de señas mexicana fuera reconocida como un idioma equiparable a cualquier otro.

Para muchas personas, la molestia de la comunidad sorda cuando se dice lenguaje y no lengua parece trivial, sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos fue lo que permitió que se le reconociera como un idioma. Si bien ambos términos se relacionan, no son lo mismo, lenguaje alude a la capacidad humana para comunicarse y expresarse de distintas formas, mientras que la lengua es un sistema que se rige por una serie de reglas, es compartida por una comunidad y es cambiante.

Otra cosa que también se desconoce, es que las lenguas de señas fueron explícitamente negadas a nivel mundial para darle paso al método oralista diseñado por el inventor Alejandro Graham Bell. Uno de los argumentos para prohibir el uso de las lenguas de señas es que no se aceptaba que eran idiomas, incluso hoy en día, hay quienes consideran que no es un idioma sino mímica, en México la implementación de ese método no fue la excepción y fue el justificante para negar la forma natural de comunicación de las personas sordas, de ahí el enojo cuando no se nombra adecuadamente.

El reclamo por el uso de señas erróneas o inexistentes también tuvo una respuesta negativa hacia quienes se quejaron. Este tipo de respuestas en redes sociales es muy común cuando alguna persona con discapacidad se queja de lo deficiente de las medidas de accesibilidad o cuando no se cumplen con los parámetros o normativas establecidas. Hay una idea generalizada acerca de que las personas con discapacidad deberían de agradecer que al menos se les tome en cuenta.  No reflexionan que en el caso de personas sordas y un uso deficiente del idioma tiene consecuencias que afectan su vida cotidiana, una comunicación deficiente en el ámbito educativo significa aprendizaje deficiente o carencia del mismo, en cuestiones de salud o de justicia esto puede significar poner en riesgo su vida y su integridad. Por eso se espera que alguien que quiere gobernar un país tenga respeto por el idioma y por la exclusión que aun hoy en día sufren las personas sordas debido a la falta y deficiencia de servicios y atención en lengua de señas.

Una campaña política, pero sobre todo las personas que apuestan por gobernar un país que incluya a todas, obligadamente tendrían que conocer lo que significa la participación de las personas con discapacidad desde el enfoque de derechos humanos. Ya son casi 15 años desde que entró en vigor la Convención y seguimos viendo candidatas que siguen utilizando lenguaje discriminatorio, se refieren a ellas como personas especiales, guerreras o siguen entendiendo a la discapacidad como un problema individual que recae en las personas y no como un problema estructural que nos atañe a todas.

Por ello vale la pena la reflexión, si un grupo de personas dentro de un partido político no tiene la voluntad ni los conocimientos para hacer que las cosas cambien dentro de su partido, al menos en el contenido de lo que difunden en sus redes, ¿podrán cambiar en algo la situación de exclusión en la que viven las personas con discapacidad cuando gobiernen?